Por qué la educación debe ser gratis para todos
Por Daniel Manouchehri, 27 años, ex dirigente estudiantil, blogger y
miembro del comité central del PS. Puedes seguir sus comentarios en su
twitter @dmanoucheri
Si entendemos a la educación como un derecho humano, lógicamente
debemos aceptar que para ser titular de ese derecho, la única condición
necesaria y suficiente es “ser humano”, no importando la raza, el color,
la religión, la ideología, ni menos la condición social. Al entenderla
así, el estado debe entregar educación pública (pre-escolar, escolar,
universitaria y técnica) sin hacer ningún tipo de discriminación y sin
que tenga un “precio” dado por el mercado. Por eso simplemente es
“Gratuita para todos”.
Ahora, si entendemos que la educación es solamente un bien de
consumo, quizás más importante que otros, pero un bien de consumo al
final, como piensan algunos, esta queda entregada al mercado, como
sucede hoy en Chile, y aplicamos sus reglas: “Pague, sino, endéudese,
recurra a los privados y si no puede, ahí vemos como le ayudamos”.
Entender esto es extremadamente importante para entender el debate y lo
que está en juego. Cuando los estudiantes hablan de gratuidad, están
hablando de un derecho. Cuando el gobierno habla de créditos y becas
para los más pobres está hablando de un producto de mercado.
El discurso de “los pobres financiando con sus impuestos a los ricos”
puede ser convincente, pero es solo su apariencia. Finalmente es una
falacia. Da a entender que los estudiantes “ricos” son muchas personas,
cuando eso no es así. El informe de la OCDE indica que el 83% de los
chilenos que trabajan, no ganan más de 450.000 pesos. Solo el 2,4% gana
sobre 1.000.000 de pesos. Sin dejar de mencionar, q las fortunas de
Piñera, los hermanos Matte, Paulmann y la familia Luksic equivalen al
ingreso que percibe en todo un año el 80% de los chilenos. Los “ricos”
tienen mucho, pero son pocos, muy pocos. Tan pocos que si estudian
gratis o no, es irrelevante. En el Chile de hoy, posiblemente un niño
pobre solo conocerá a un niño rico cuando le tenga que servir en un
restaurante.
El argumento del gobierno no tiene relación con la preocupación de
que el erario nacional desembolse algunos millones para financiar a los
hijos de estas pocas familias adineradas. El rechazo del gobierno es
ideológico.
La constitución del 80, impuesta en la dictadura cívico-militar
chilena, configura una sociedad sustentada bajo el prisma de un estado
que otorga derechos solamente de manera subsidiaria. Es decir, “Si usted
no vive en la miseria o la extrema pobreza, vaya al mercado a comprar
su derecho a la salud, educación, jubilación u otro. Si usted vive en la
miseria, le subvencionamos un poco para que tenga acceso a un similar
de cuarta categoría”. Basta con considerar “rico” a alguien que gana
290.000 pesos, para mandarlo a “comprar derechos” al mercado.
Los ciudadanos deben tener derechos garantizados por el estado,
independiente de su bolsillo. Eso es absolutamente posible. Si queremos
que los pobres no financien la educación de los más ricos, rebajemos
impuestos como el IVA, que lo pagan los más pobres, y subamos los
impuestos a las grandes fortunas. Por ejemplo, si a los 42.500 millones
de dólares que sumadas constituyen las fortunas de solo 4 familias
(Piñera, Luksic, Matte y Paulmann), les aplicáramos un 60% de impuestos,
ellos seguirían siendo multi millonarios, pero con esa recaudación
cientos de miles podrían estudiar gratuitamente en Chile. No se puede
pretender tener derechos sociales de país escandinavo con impuestos de
África subsahariana.
El temor del gobierno a otorgar educación gratuita para todos, es
cambiar la estructura del estado. Es desplazar al mercado del eje
central en la educación. Esa es la real batalla y la derecha económica
lo sabe. Tiene pánico a que la gente pida lo mismo con las AFP, las
ISAPRES, los remedios, la cultura, etc. Por eso se oponen con tanta
fuerza. Por eso la represión policial, el ninguneo a los dirigentes y la
virulencia en las redes. Sus bajos niveles de conciencia los mantienen
constantemente con miedo a perder sus privilegios. Eso los mueve en
politica.
La batalla que están dando los estudiantes es de fondo. No es en la
medida de lo posible, sino en la medida de lo justo. Por eso apoyarlos
es un imperativo político, pero por sobre todo moral. El movimiento
estudiantil está ganando la batalla de las ideas. Hoy hay una generación
que es más consciente. Solo cosa de tiempo para que vengan los cambios.
Los procesos sociales pueden tener escollos, pero no se detienen.
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¡Alto ahí, saqueador! Los nuevos inventos penales del Gobierno
Foto: Ministerio del Interior
“Tratarán de intimidar a la sociedad civil para que no exija ni proteste por sus derechos, pues una detención significaría una eventual condena, sin opción a salida alternativa”.
Por Rafael Ferrada, abogado U. Chile. @rafaferradah, Militante Socialista
¡Usted se encuentra detenido por el delito de saqueo! Ésa es la tónica que pretende imponer el nuevo proyecto de ley que ha anunciado el Gobierno, y que busca crear el delito de saqueo y de toma de establecimientos educacionales, junto con aumentar las penas contra los desórdenes públicos. Ésta es la llamada ley maldita que busca dar soluciones a las reivindicaciones de la ciudadanía con más mano dura en contra de ellos, basándose en el manoseado concepto de orden público que al Gobierno tanto le gusta.
El apropiarse de bienes ajenos con ánimo de lucro en momentos de calamidad pública es un hurto o robo tipificado hoy: no se necesita inventar un nuevo delito llamado saqueo para sancionarlo.
El Código Penal los regula entre los artículos 432 y siguientes, en los cuales se regula distintas modalidades de robo con fuerza en las personas, en las cosas, intimidación, para llegar al hurto y establecer algunos casos calificados de éstos. El apropiarse de bienes ajenos con ánimo de lucro en momentos de calamidad pública es un hurto o robo tipificado hoy: no se necesita inventar un nuevo delito llamado saqueo para sancionarlo. Crear un nuevo nombre para esto es sólo un caso más de populismo y de expansión injustificada del derecho penal. Es hacer pensar a la ciudadanía que con esta nueva creación se terminarían estos problemas, pese a existir hoy soluciones en la legislación nacional. Lo único que se busca con esto es un efecto mediático.
Puede que el proyecto apunte a crear figuras agravadas de hurto o robo en estos casos, pero eso sería tan solo un hurto o robo calificados, no un nuevo delito ni nada por el estilo. Impacta ver cómo un Gobierno con tan buenos juristas se preste para esto.
En segundo lugar, el aumentar las penas de desórdenes públicos es algo que me preocupa mayormente que el tema de los saqueos. Hoy en la mayoría de las manifestaciones se realizan detenciones ilegales a personas que no se encuentran cometiendo delito alguno, que incluso no participan en esos momentos de las movilizaciones. Además, en la práctica ha sido difícil individualizar la conducta delictiva de cada individuo detenido: para una detención legal es necesario que se indique cuál fue la conducta que infringió el tipo penal respectivo.
El aumento de penas a más de tres años y un día significa que a las personas involucradas en manifestaciones no se les otorgaría la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Ésta es una alternativa a la condena que consiste en someterse al cumplimiento de ciertas condiciones por un plazo de uno a tres años al imputado, como puede ser la firma mensual en fiscalía, someterse a un tratamiento, fijar domicilio, buscar empleo, etcétera. Que sea una salida alternativa significa que la persona no sea condenada por estos hechos y no quede con antecedentes penales en el registro civil, ésos que muchas veces significan una estigmatización social.
El aumento de la pena, junto a las miles de detenciones ilegales que existen, es un duro golpe al movimiento social. Tratarán de intimidar a la sociedad civil para que no exija ni proteste por sus derechos, pues una detención significaría una eventual condena, sin opción a salida alternativa. Es un verdadero golpe al verdadero Estado de Derecho que se debe esforzar en garantizar las libertades de sus ciudadanos, más que en restringirlas.
No tengo mayores antecedentes respecto del delito de toma de establecimientos. Por ahora, sólo puedo comentar que el proyecto de ley debe delimitar muy bien la responsabilidad penal que puede tener una persona a raíz de esto. ¿Se buscaría condenar a menores de edad con esto? Por cierto. Además me nace la siguiente duda: si se quiere establecer un nuevo delito para esto, ¿qué era lo que permitía antes a Carabineros detener a los estudiantes a raíz de las tomas? ¿Podrían haber sido detenciones ilegales, entonces?
En conclusión, la expansión del derecho penal es preocupante de por sí, pero mayormente es preocupante en estos casos donde se busca la persecución de la protesta social que se manifiesta por las injusticias que existen en el sistema. Por eso debemos hacer el llamado a informarse y prepararse para la tramitación de la ley maldita que busca que vivamos en una sociedad del miedo como lo fue Chile en los 80. Hoy como ciudadanos empoderados no debemos permitir el retroceso en la materia.
